Al no ajustar la espiral de la inflación al mínimo exento y otros parámetros del tramo estatal del IRPF, el que gana 30.000 euros pagará 449,09 euros más y el que ingresa 20.000 euros, 287,29 de sobrecoste.

Conjuntamente son 736,39 euros y un 30,25% de más en la factura fiscal. Estos datos resultan de que no ha habido ningún cambio en los parámetros del IRPF desde la rebaja de 2015, pero de estos porcentajes, prácticamente la mitad se han producido en los dos últimos años de escalada de la inflación tras la invasión rusa, según señala De la Fuente a este diario. María Jesús Montero es la responsable del Ministerio de Hacienda desde 2018.

«Para la familia en su conjunto, el aumento del impuesto es del 30%, con un efecto proporcionalmente mucho mayor en el caso del adulto con menores ingresos, lo que indica que la no indexación del impuesto perjudica especialmente a las rentas más bajas», señala el director de Fedea. Y agrega que «para la familia que tomamos como ejemplo, la cuota del impuesto ha aumentado un 15% desde 2022 y, para el adulto con menos ingresos, un 22% aproximadamente por la no indexación de la tarifa estatal».

En su opinión, «la indexación de la tarifa del IRPF debería ser automática por ley para evitar subidas del impuesto poco transparentes».

Se une así a otros estudios como el del Consejo General de Economistas que calcula que las rentas bajas y medias pagarán entre 200 y 425 euros más este año por no ajustar el IRPF a la inflación. U otro publicado por Funcas, que, a la vista de que no se indexan las desgravaciones, estima que «el incremento recaudatorio acumulado del periodo 2021 a 2024 está próximo a los 9.700 millones de euros». Y estima que «el aumento de la factura fiscal por este concepto es de 311 euros en las rentas medias bajas, 458 en las rentas medias y 622 en las rentas medias altas».

Montero, por su parte, reivindica que, aunque se niega a deflactar, sí ha impulsado «aumentar la reducción por rendimientos del trabajo para las rentas más bajas». También sostiene que eso es más eficaz que actualizar con la inflación, porque, en su opinión, esa medida a quien beneficia es a las «rentas altas». Fedea lo niega y también Funcas, que sostiene que «puede afirmarse que las rentas medias han sido las grandes perjudicadas por la ausencia de indexación».

El estudio de Fedea se pregunta también «¿Qué fue de la reforma fiscal?» y critica que la vicepresidenta primera la haya saldado con «algunos retoques del IRPF, el Impuesto de Sociedades y los Impuestos Especiales, pero también con ocurrencias tan discutibles como los arbitrarios gravámenes punitivos sobre las entidades financieras y ciertas empresas energéticas, seguramente inconstitucionales, y el impuesto temporal de ‘solidaridad’ sobre las grandes fortunas que anula por la puerta de atrás la capacidad tributaria autonómica sobre el Impuesto de Patrimonio».

Además se han introducido «por la puerta de atrás» mediante «una enmienda a un proyecto de ley ya en tramitación, con el fin de evitar los preceptivos informes de los Ministerios competentes y otros organismos consultivos. Todo un ejemplo de lo que no debe ser una reforma fiscal y de cómo no debería tramitarse en un estado de derecho».

De la Fuente da un repaso también a las reformas que debió hacer el Gobierno para merecer los fondos europeos y es crítico. Asegura que la prometida Ley de reforma de la Función Pública se ha ido limando, «dejándonos con un texto más centrado en la protección de los empleados públicos que en la mejora del funcionamiento de la administración». Y recalca que «el Gobierno no ha conseguido los apoyos necesarios para aprobar la reforma de la ley del suelo -cuya necesidad nadie discute- o una parte importante de sus propuestas tributarias». También ha fracasado en «la creación de una Agencia de Salud Pública considerada esencial para mejorar la respuesta a posibles futuras pandemias» de lo que responsabiliza en este caso a ‘los dos grandes partidos’.