La mayor interrupción eléctrica registrada en España ha desatado una tormenta política que alcanza directamente a Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (antigua Red Eléctrica de España). Con un salario anual de 546.000 euros y su llegada al cargo apadrinada por el Gobierno de Pedro Sánchez, Corredor enfrenta una presión creciente para asumir responsabilidades tras un fallo histórico que afectó no solo a España, sino también a las interconexiones con Portugal y Francia.
La compañía descartó rápidamente que un ciberataque estuviera detrás del colapso, lo que ha avivado aún más la exigencia de explicaciones y posibles dimisiones. En un país donde los apagones de gran magnitud parecían cosa del pasado gracias a millonarias inversiones en infraestructura, la magnitud del incidente proyecta una seria sombra sobre la gestión actual de la red eléctrica nacional. Fuentes del sector consideran que Redeia no podrá evitar asumir consecuencias internas.
Redeia, en el epicentro de la polémica
Responsable de la red de alta tensión y del correcto transporte de electricidad en todo el país, Redeia se sitúa en el foco de todas las miradas. Desde su centro de control en La Moraleja (Madrid), coordina las operaciones eléctricas nacionales con un sistema mallado que, hasta ahora, era garantía de estabilidad. Sin embargo, el fallo del lunes ha evidenciado una vulnerabilidad inusual en el sistema, obligando a movilizar comités de emergencia en grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy.
Pese a los esfuerzos de estas compañías por contener la crisis, todo dependía del gabinete de crisis constituido en Redeia, en comunicación directa con el Ejecutivo. La gravedad de las consecuencias (desde pérdidas millonarias en el comercio hasta la movilización de recursos de emergencia) ha deteriorado notablemente la imagen exterior de la red eléctrica española. La presión sobre Beatriz Corredor no solo viene del impacto económico, sino también del golpe reputacional que ha cruzado fronteras.
Un nombramiento cuestionado desde sus inicios
Beatriz Corredor asumió la presidencia de Redeia en 2020, respaldada por el Gobierno socialista y gracias al impulso de Teresa Ribera, entonces ministra para la Transición Ecológica. Su llegada al cargo fue vista más como un movimiento político que como una apuesta basada en la experiencia energética. Con trayectoria como ministra de Vivienda durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Corredor no contaba con bagaje en el sector eléctrico, un hecho que ahora vuelve a pasarle factura.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Redeia, será quien deba decidir en última instancia si se exigen dimisiones formales. Mientras tanto, en el sector eléctrico resuena el recuerdo de que la continuidad de Corredor ya estuvo en duda en el pasado. Este apagón podría acelerar un relevo que, para muchos, llevaba tiempo gestándose en silencio.
