Desde el 1 de enero de 2024, la tenencia de gallinas para autoconsumo en España ha cambiado significativamente. Ahora, todos aquellos que poseen gallinas, incluso con el propósito de consumir sus huevos, están obligados a registrarlas, según lo estipulado en el Real Decreto 637/2021. Esta normativa ha generado gran inquietud entre los propietarios rurales y ha puesto de relieve la necesidad de cumplir con las normativas sanitarias.

La idílica imagen de tener gallinas en el corral para disfrutar de huevos frescos puede resultar costosa si no se cumplen los requisitos legales. La nueva reglamentación establece que, al no registrar las aves, los propietarios podrían enfrentarse a sanciones económicas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros.

Según el Real Decreto que regula las explotaciones avícolas, los propietarios deben comunicar previamente la existencia de sus gallinas para que estas sean incluidas en el Registro general de explotaciones ganaderas. Esta medida busca garantizar un control sanitario que prevenga posibles riesgos para la salud pública.

La regulatoria y sus implicaciones

Aunque la legislación parece contradictoria al prohibir el autoconsumo de huevos de gallinas no registradas, la razón detrás es clara: mantener un registro exhaustivo de las aves de corral por motivos de sanidad animal es vital. Al respecto, se añade que tanto grandes productores como pequeños propietarios están sujetos a las mismas normas, lo que ha llevado a un debate sobre la proporcionalidad de estas restricciones para las pequeñas granjas.

Opciones para evitar multas

A pesar de la posibilidad de sanciones severas, si se demuestra que no hubo intención de incumplir la normativa y el propietario no tiene antecedentes, podría aplicarse un apercibimiento en lugar de una multa. Sin embargo, la recomendación de las autoridades es clara: registrar las gallinas es imprescindible para evitar sorpresas económicas indeseadas.