El juzgado número 4 de Ávila investiga este martes si varios trabajadores de la cárcel de Brieva, en la provincia de Ávila, mantuvieron relaciones sexuales con Ana Julia Quezada, quien cumple condena por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en el año 2018, a cambio de proporcionarle acceso a un teléfono móvil.

Los informes indican que la condenada habría mantenido relaciones sexuales con varios empleados de la prisión y con el cocinero. Estos encuentros supuestamente habrían sido grabados con el teléfono móvil que le fue facilitado para que intentara «chantajear» a la dirección del centro penitenciario, alegando que había sido víctima de una violación, para conseguir un traslado a Barcelona.

La directora de la prisión, Laura Pérez, afirmó haber tenido «conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna» a través de un educador. Indicó que la interna manifiesta tener un móvil con grabaciones que la implican.

El Juzgado lleva un año investigando un posible delito de cohecho por parte de algunos funcionarios de la cárcel de mujeres donde se encuentra Ana Julia, según ha indicado El País.

La madre del niño denuncia la situación

Por su parte, Patricia Ramírez, madre del niño asesinado, ha convocado una rueda de prensa para denunciar públicamente una situación de «desamparo, desprotección institucional y judicial».

En esta comparecencia, abordará lo que considera una «vulneración de derechos» en el marco del Estatuto de la Víctima, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia, que podrían haber afectado a la integridad moral de la familia.

En junio de 2024, Ramírez había denunciado pública el intento de firma de un contrato por parte de Quezada con una productora audiovisual interesada en grabar un documental.

En la convocatoria, Ramírez ha solicitado que no se difundan «detalles escabrosos» sobre el crimen de su hijo.