Corea del Sur declara ley marcial: una medida que conmociona a la nación
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha hecho un anuncio sorprendente al declarar ley marcial por primera vez en más de cuatro décadas. Esta decisión inesperada ha interrumpido los procesos democráticos que han caracterizado al país durante años.
La Artículo 77 de la constitución surcoreana establece que el presidente tiene la autoridad para imponer la ley marcial en tiempos de guerra, incidentes nacionales significativos o emergencias extraordinarias. Según esta medida, el ejército asumirá el control de las operaciones gubernamentales y se suspenderán las libertades civiles, incluyendo derechos fundamentales como la libertad de movimiento y de expresión.
Contexto histórico de la ley marcial en Corea del Sur
No es la primera vez que Corea del Sur se enfrenta a la gobernanza militar. Desde su establecimiento en 1948, el país ha experimentado la ley marcial un total de 10 veces. La última declaración tuvo lugar el 17 de mayo de 1980, durante la Revuelta de Gwangju, que se inició como respuesta a las protestas pro-democráticas en el país.
Durante el levantamiento de Gwangju, la represión militar dejó un número indeterminado de muertes, con estimaciones que varían entre 200 y más de 2,000. Los eventos de mayo de 1980 impulsaron el movimiento pro-democrático y condujeron a una transición hacia el gobierno democrático en 1987.
Justificación de la medida
El presidente Yoon ha defendido su decisión señalando que busca mantener la estabilidad y sostenibilidad del país frente a las fuerzas comunistas de Corea del Norte. En un discurso televisado, expresó: ‘Estoy declarando la ley marcial para proteger a una Corea del Sur libre de las fuerzas antestales que amenazan nuestras libertades.’
A pesar de estas afirmaciones, la medida ha sido criticada por la oposición, que la considera un intento de afianzarse en el poder en un momento de controversias políticas y escándalos de corrupción dentro de su administración.
Perspectivas futuras
Con la ley marcial vigente, el ejército ha prohibido todas las actividades políticas, incluyendo reuniones y protestas, y ha advertido que cualquier violación de esta orden puede resultar en arrestos sin orden judicial. El impacto de esta decisión sobre el clima político en Corea del Sur y la posible reacción internacional aún está por verse.
